"Los derechos humanos no son una moneda de cambio"
Doce organizaciones de Matrimonio Igualitario firman carta de ‘repudio’ contra presidente Alvarado por objeción de conciencia

La cláusula de objeción de conciencia incluida en la Ley de Empleo Público sigue generando reacciones de indignación por parte de movimientos LGBTIQ y defensores de los derechos humanos. Esta vez el colectivo Movimiento Matrimonio Civil Igualitario, compuesto de 12 organizaciones, fue el que generó reclamos por dicha cláusula, misma que provocó la renuncia ayer de Margarita Salas, Comisionada Presidencial para Asuntos LGBTIQ del gobierno. Dicha cláusula permite que el funcionariado público rechace cualquier capacitación que considere choca con sus convicciones religiosas, morales o éticas. “Como organizaciones firmantes repudiamos las acciones del presidente Carlos Alvarado, quien hoy intenta minimizar la importancia que reviste la formación, información y educación de quienes integran el aparato estatal, el cual, en su gestión administrativa y judicial, debe ser garante de los derechos humanos, así como basar sus actuaciones en criterios científicos y no en creencias religiosas, éticas o morales, en contra de lo prescrito por los artículos 11 y 33 de nuestra Constitución Política”, dice un comunicado difundido por el Movimiento. El colectivo anunció que tomará acciones contundentes y pide al Ejecutivo y a los diputados rechazar toda iniciativa que atente contra los derechos de las personas.

 

“El avance de los derechos humanos y la ciencia nunca más serán moneda de cambio para los despropósitos de un gobierno voluble e incongruente y que pacta con los mayores detractores de los derechos humanos, la libertad, la igualdad y la inclusión social y que nos conduce a basar las acciones políticas y la formación de la ley, en creencias religiosas, éticas o morales”, agrega la misiva.

“Con indignación atestiguamos la semana pasada que la fracción oficialista, por órdenes del presidente Carlos Alvarado, avaló la denominada ‘objeción de conciencia’, propuesta por las agrupaciones neopentecostales y conservadoras, para eximir a las personas trabajadoras del sector público, de la obligación de capacitarse y formarse, bajo el alegato de sus creencias religiosas, éticas y morales. Esto además generó la renuncia de Margarita Salas, a su cargo ad honorem como Comisionada Presidencial para Asuntos LGBTIQ, decisión que lamentamos, sin embargo, respaldamos”, afirma la carta dirigida a medios de comunicación.

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